Hasta ahora se contabilizan 22 personas desaparecidas, 8 muertas y decenas de heridos, luego del brutal desalojo de maestros en el sureño estado mexicano de Oaxaca, por parte de la policía.
Los datos fueron suministrados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y han circulado por las redes sociales junto a la lista de heridos.
En entrevista a teleSUR, el presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, Adrián Ramírez, expresó su preocupación por los desaparecidos, debido a que en el país tienen el antecedente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuyo caso aún no está resuelto.
El vocero agregó que parte de estas personas pueden estar detenidas.
En este sentido, Ramírez precisó que es frecuente que las detenciones se oficialicen después de horas de la desaparición de las personas cuando, posteriormente, van a aparecer en centros de alta seguridad.
“Hay una gran cantidad de personas en calidad de desaparecidas y por lo tanto la autoridad tiene que responder”, señaló.
Las movilizaciones continuarán
El corresponsal de teleSUR, Fernando Camacho, informó que se prevé que las movilizaciones y los bloqueos en las carreteras sigan para exigir que no haya represión y reiterar la solicitud de diálogo al Gobierno.
Camacho detalló que en Oaxaca se vive un ambiente de mucha crispación e indignación por la represión y confirmó que dos periodistas fueron asesinados en Juchitán.
Acotó que han ocurrido algunos saqueos adjudicados por la CNTE a grupos de provocadores. La finalidad de los mismos es responsabilizar luego a los maestros para reprimirlos, dijo la CNTE citada por el enviado especial.
Piden intervención de observadores internacionales
Por su parte, Daniela González López, del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Oaxaca, desmintió las versiones que maneja el Gobierno y destacó que hoy más que nunca los maestros y el pueblo están unidos en defensa de la educación pública.
Condenó la represión y advirtió que lo ocurrido en Oaxaca atenta contra los derechos fundamentales de la población y del magisterio.
También denunció que durante el desalojo había integrantes de la policía preventiva vestidos de civil y francotiradores efectuando disparos.
Solicitó además la intervención de organismos de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas y de observadores internacionales para que recaben información sobre las violaciones que se están sufriendo y hagan un monitoreo para la defensa de los DD.HH.
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