Con cada ley o reforma de ley que aprueba la mayoría derechista de la AN resulta más que obvio que se asume como gobierno paralelo.
Este comportamiento arrancó desde el filo de la madrugada del lunes 7 de diciembre 2015, tan pronto el CNE divulgó el primer boletín oficial de las parlamentarias del día anterior que daba la mayoría, y por mucho, a la oposición. Recordemos que Henry Ramos Allup espetó sus primeras bravuconadas, específicamente contra ANTV.
Para quienes seguimos con atención el acontecer nacional, el de la Patria Grande y más allá, era claro que una vez instalado el nuevo Parlamento el 5 de enero de 2016 iría por las leyes que más estorban a los intereses del imperio, mandamás de la derecha. En la larga lista se anotaban la LOTTT, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley de Hidrocarburos, para citar algunas de las estratégicas, todas fruto del incansable quehacer revolucionario de Hugo Chávez.
A excepción de la Ley Orgánica del Trabajo, promulgada vía Habilitante por el Comandante Supremo el 30 de abril de 2012, el resto de esos instrumentos datan de 2001, y son parte de las 49 leyes que también por vía Habilitante rubricó Chávez (publicadas Gaceta Oficial N° 37.076, de fecha 13 de noviembre 2001) y que fueron el catalizador del golpe de Estado en su contra el 11 de abril de 2001.
La derecha parlamentaria ha dosificado la arremetida contra las leyes de la Revolución. Más bien, la ha tapareado, pues el fascismo así actúa: se camufla, copia los valores y estrategias del enemigo político para presentarse como lo que no es. En fin, se disfraza.
Tal cual ocurrió ayer en la sesión ordinaria de la AN, en la que se aprobaron en primera discusión (pueden avalar lo que les dé la gana porque tiene mayoría calificada) dos reformas de ley, a saber: al Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas (1999) y a la Ley de Actividades Primarias de Hidrocarburos (2009), acciones orientadas, primero, a restarle control al Estado sobre recursos energéticos y mineros, en aras de volver al pasado cuartorrepublicano cuando las trasnacionales decidían con la anuencia de los gobiernos de turno; segundo, a usurpar atribuciones constitucionales del Ejecutivo Nacional, con lo que la mayoría de la AN sigue atentando contra la Carta Magna y, de suyo, provocando la respuesta de la Sala Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la herramienta.
Enseguida copio fragmentos del Proyecto de Ley de Reforma del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, donde está clarísimo el propósito de otorgarle al Parlamento responsabilidades que corresponden al Ejecutivo:
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