La manifestación convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para el 1 de septiembre de 2016 con el fin exigir celeridad en los lapsos del Referendo Revocatorio ha sido uno de los temas principales de la discusión pública. A tres días de su realización, y ante las expectativas planteadas en el escenario político venezolano, en Prodavinci reflexionamos sobre 5 preguntas que los venezolanos se están haciendo de cara a la movilización.
1.
¿Es el evento del #1S el inicio de una estrategia
de presión de calle para el revocatorio?
Luego de que la rectora del CNE, Tibisay Lucena, afirmara el 9 de agosto que “Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección del 20% de las firmas probablemente se llevaría a cabo hacia finales de octubre”, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, y el Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, ratificaron la convocatoria a la movilización del 1 de septiembre para exigir una fecha concreta en la recolección de firmas. El argumento utilizado fue que el CNE está en capacidad de cumplir los procesos dentro del lapso establecido, por lo que no haría falta esperar a que concluyeran los lapsos.
La respuesta de los convocantes de la manifestación invita a pensar que, en caso de que el CNE no se pronuncie el 1 de septiembre anunciando la fecha de recolección de firmas, la Mesa de la Unidad seguirá presionando para que el Referendo Revocatorio se realice en 2016.
En ese mismo sentido se pronunció Henrique Capriles, para quien el 1 de septiembre debe ser considerado como el inicio “de una nueva etapa de cara al 20% y de cara al [Referendo] Revocatorio. Ese es el alcance de 1 de septiembre”. En Voluntad Popular coinciden, pues para el diputado Freddy Guevara, ese día comienza “una nueva etapa de la lucha del pueblo de Venezuela que no deberá finalizar hasta que logremos un cambio este año”.
2.
¿Cuál va a ser el rol de las Fuerzas de Seguridad?
El Ministro de la Defensa, General en Jefe (G/J) Vladimir Padrino López, se refirió a la manifestación durante un acto de transferencia de mando del Comando de la Guardia del Pueblo ante los militares presentes:
“Yo creo que es importante que seamos preventivos en esto porque el pueblo tiene derecho y la garantía constitucional de protestar, lo que no podemos permitir es que se esté incendiando al país. Yo alerto a partir de este momento para prevengamos cualquier hecho de violencia que altere la paz de la República”
Por su parte, el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Antonio Benavides Torres, también se adelantó a la posibilidad de hechos violentos durante la manifestación:
“Estamos preparados para cualquier tipo de amenaza que se nos presente y que atente contra el sistema democrático, [que] atente contra las instituciones del Estado. Yo pongo a disposición del pueblo de Venezuela 77.500 hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes vamos a estar rodilla en tierra para defender la institucionalidad del Estado, la defensa de la patria para evitar cualquier tipo de alteración grave del orden público”
Benavides Torres forma parte de la lista de siete funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos luego de las protestas violentas de 2014. En ese momento, el citado general comandaba la Guardia Nacional en la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Central, “cuyos miembros han incurrido en actos de violencia o conductas que constituyen serios abusos a la violación de los Derechos Humanos, incluso aquellas contra personas que se encontraron envueltas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014”, de acuerdo con la Orden Ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos.
Voceros de la oposición han expresado en reiteradas ocasiones el carácter no violento de la convocatoria, como Jesús Torrealba, Henry Ramos Allup, Henrique Capriles y Luis Florido. El 25 de agosto, el Secretario Ejecutivo de la MUD afirmó:
“No queremos una capucha, no queremos un vidrio partido, no queremos una piedra en el aire, lo único que queremos es ver ciudadanía movilizada, exigiendo la demanda central de esta movilización, que es el cronograma electoral, es decir fecha del 20%, fecha del referendo revocatorio y fecha de las elecciones regionales”.
El jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, aseguró el 26 de agosto que “Al municipio libertador no van a entrar. (…) Ellos se creen que están por encima de la ley y cada vez que ingresan al Libertador perpetran hechos violentos. Nosotros no vamos a permitir violencia en el Distrito Capital”. En consonancia con esta afirmación, las fuerzas del orden público han impedido que las manifestaciones políticas ingresen a la referida localidad. El diputado oficialista Elías Jaua también afirmó que la marcha no tiene autorización de entrar a Caracas y responsabilizó a los alcaldes opositores de Caracas y al gobernador de Miranda de los posibles hechos de violencia.
El Secretario General de Primero Justicia, Tomás Guanipa, denunció el 22 de agosto en rueda de prensa que el gobierno tendría previsto cerrar los accesos a Caracas para evitar el paso de los manifestantes. Lo mismo afirmó el periodista Alberto Rodríguez de Telemundo, quien especificó que la Guardia Nacional estaría elaborando un plan para restringir el acceso a la ciudad a partir del 31 de agosto.
Los reglamentos que regulan la actuación de los Cuerpos de Policía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en reuniones públicas y manifestaciones establecen que su objetivo es “garantizar el orden público, la paz social y la seguridad ciudadana”.
En ambos textos legales se hace énfasis en el respeto y garantía a los Derechos Humanos, el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y la ponderación de esos derechos. Aunque hacen especial énfasis en la protección al Derecho a la vida, la Resolución 008610, permite a las Fuerzas Armadas el uso de “fuerza potencialmente mortal” con arma de fuego, cuando “sea necesario su porte y uso”.
El derecho a manifestarse se encuentra consagrado en el Artículo 68 de la Constitución:
“Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.”
3.
¿Cómo se va a manejar la “ofensiva”?
El jueves 25 de agosto de 2016, el presidente Nicolás Maduro anunció el “Plan Integral de Ofensiva Revolucionaria” para “un remate victorioso” del año que iniciará el mismo día de la “Toma de Caracas” y culminaría el 31 de diciembre. Hasta los momentos no ha habido detalles sobre este plan ni si convocará a una movilización de calle el 1 de septiembre.
El sábado 27 de agosto, trabajadores del oficialismo se movilizaron en apoyo al gobierno como parte del plan de ofensiva revolucionaria. En ella, Nicolás Maduro denunció una conspiración para derrocarlo y ordenó a los trabajadores presentes que, en caso de que eso ocurriese, “deben paralizar al país hasta tanto no se restituya la Constitución y al Presidente electo por el pueblo”,según el Minci.
Días antes, Maduro advirtió que el presidente turco Recep Tayyip “Erdogan va a quedar como un niño de pecho para lo que va a hacer la Revolución Bolivariana si la derecha pasa la frontera del golpismo otra vez”, en referencia a la purga en instituciones públicas y la detención de decenas de miles de personas en Turquía, luego del intento de golpe de Estado.
4.
¿Responderá el CNE?
En reiteradas ocasiones, las rectoras del CNE han asegurado que la presión política de la oposición no afecta los lapsos establecidos por el ente comicial. La más reciente fue la declaración de Socorro Hernández, quien aseguró que la marcha del 1 de septiembre no afectará el calendario electoral. Tibisay Lucena, durante su declaración televisiva del 9 de agosto, se pronunció en los mismos términos:
“Pierden su tiempo quienes creen que por vía de la presión política mellarán la voluntad de cumplir y hacer cumplir la ley en resguardo de la República y la estabilidad del país. Lo repetimos como ayer: este Poder Electoral no acepta presiones de nadie. Nuestro deber está con la garantía de los derechos constitucionales del pueblo todo de Venezuela”
El periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, informó que si el CNE utiliza todos los días de los lapsos establecidos en la norma, no sería sino hasta mediados de septiembrecuando se conocería la fecha definitiva de la recolección del 20% de las firmas.
A pesar de las declaraciones de los representantes del CNE, el ex rector Vicente Díaz afirmó que“si hay movilizaciones, presión institucional, exigencia ciudadana firme y con argumentos, se generan niveles importantes de presión sobre la autoridad máxima electoral”. Esta presión no sólo sería sobre los rectores; también afecta a otros funcionarios de la alta dirección del CNE: directores generales y sectoriales.
5.
¿Participará la comunidad internacional?
Tras conocerse la ratificación de la condena a Leopoldo López, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, redactó una carta destinada al dirigente de Voluntad Popular. López contestó la misiva mediante una serie de tuits, entre los cuales solicitaba a la OEA observación para la marcha del 1 de septiembre.
Días antes, el diputado de Voluntad Popular, Luis Florido, quien encabeza la Comisión de Política Internacional del Parlamento, también solicitó a Almagro que la comunidad de Estados Americanos esté atenta a la marcha del 1 de septiembre. En esa oportunidad, Florido comentó: “Hemos venido a ratificar el deseo de los venezolanos de que la OEA se mantenga vigilante de lo que está ocurriendo y mantenga la presión internacional”.
En rspuesta a la pregunta de un periodista presente sobre los mecanismos de observación, Florido contestó:
“La observación de la marcha es in situ. Es decir, nosotros estamos haciendo la invitación para que distintos personeros de la vida política, de la vida pública de países que conforman el hemisferio, puedan asistir a esta manifestación y ratificar que la vocación del pueblo venezolano es salir de esto en paz. Pero salir de esto”.
Hasta el momento, la Organización de Estados Americanos no se ha pronunciado ante esta solicitud. Sin embargo, el 27 de agosto un grupo de parlamentarios ecuatorianos fueron deportados de Venezuela mientras intentaban visitar a Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde. De acuerdo con la información publicada por El Universal, la diputada y precandidata presidencial Cynthia Viteri, habría solicitado licencia a la Asamblea Nacional de Ecuador para ausentarse hasta el 2 de septiembre. A continuación, las consideraciones de Viteri luego de su deportación de Venezuela.
¿Es el evento del #1S el inicio de una estrategia
de presión de calle para el revocatorio?
¿Cuál va a ser el rol de las Fuerzas de Seguridad?
¿Cómo se va a manejar la “ofensiva”?
¿Responderá el CNE?
¿Participará la comunidad internacional?
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