El 8 de mayo de 1986 tuvo lugar la llamada Masacre de Yumare, uno de los sucesos más lamentables de la historia contemporánea venezolana. Este crimen con sello puntofijista estuvo dirigido a erradicar grupos de izquierda, es así como en el sector Barlovento, caserío La Vaca del municipio Manuel Monge (Yumare), en el estado Yaracuy, un grupo de militares le quitaron la vida a 9 venezolanos sin mediar palabra.
Esta operación fue planificada por el gobierno de Jaime Lusinchi hace 30 años, en la que fueron capturados Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Ronald José Morao Salgado, Dilia Antonia Rojas, Simón José Romero Madrid, Pedro Pablo Jiménez García, Rafael Ramón Quevedo Infante, Nelson Martín Castellano Díaz yAlfredo Caicedo Castillo, todos dirigentes sociales que luchaban en contra de los crímenes de los gobierno de la Cuarta. Luego de ser capturados, fueron vilmente asesinados por un comando de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, policía política durante la Cuarta República), a las órdenes del entonces comisario, López Sisco.
Tras realizar la ejecución, los efectivos de la Disip manifestaron que estas nueve personas “formaban parte de la guerrilla”. Sin embargo, los estudios criminalísticos y las evidencias ayudaron a demostrar lo contrario, y dejaron ver que lo de Yumare fue un ajusticiamiento, una masacre contra dirigentes sociales.
Las incongruencias en las declaraciones de los ejecutores de aquella masacre permitieron detectar las mentiras y la confabulación para realizar la matanza.
Como justificación, los funcionarios alegaron un supuesto enfrentamiento armado, el cual se habría producido cuando se desplazaban por un lugar boscoso y fueron objeto de una emboscada por parte de los ciudadanos fallecidos. En el estudio criminalístico, no obstante, las evidencias revelaron que la zona donde todos los ciudadanos murieron estaba poblada de “vegetación baja, tipo pasto, grama y/o maleza, todos de muy corta altura, característicos de terrenos despejados, de gran iluminación”.
Testigos declararon que las nueves personas asesinadas por el comando de la Disip fueron detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de su ropa civil, con el propósito de presentarlos como guerrilleros, y así lo demostraron los estudios criminalísticos y las evidencias. No fue más que una matanza orquestada por el Gobierno de Luisinchi para acabar con sus disidentes.
Por muchos años la Masacre de Yumare fue silenciada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nunca se pronunció, aun cuando la vida es un derecho inviolable y sagrado. Sin embargo, el caso fue reabierto por laRevolución Bolivariana.
Y es así como en 2011, 25 años después de la masacre, se logró desmontar la versión sostenida por los funcionarios del gobierno de Jaime Luisinchi, cuando fiscales del estado Yacacuy lograron condenar a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare. Para el momento de los hechos, Sánchez Paz era coronel y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército.
También fueron acusados los ex funcionarios de la extinta Disip: Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.
De igual forma, el Ministerio Público acusó a Henry Rafael López Sisco, a quien se le imputaron delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía, por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas; y también fue señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.
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