RESUMEN DE OPINIÓN – 29.01.2018

TEMA: ESCENARIO ELECTORAL  

MATRICES: Dictadura / Terrorismo de Estado / Inminente fraude electoral / ilegitimidad del gobierno y de la MUD.

TEMA: GUERRA ECONÓMICA, FANB  

MATRICES: Crisis humanitaria / Hambre / Militarismo / Corrupción militar.  

BALANCE GENERAL

Editorial de El Nacional: “…El terror está asociado a la aspiración de los regímenes de mantenerse en el poder por tiempo ilimitado (…) desde el momento en que el régimen de Chávez se anunció como protocomunista quedaron claras dos cosas: que su objetivo sería el de apropiarse del poder de forma indefinida, y que, para lograrlo, se convertiría en un Estado de terror….”

ILDEMARO TORRES: “...En lo político se hace justo punto de honor, del reclamo de la vigencia de las llamadas garantías constitucionales, referidas en especial a la inviolabilidad del hogar, al libre tránsito, al hecho de no poder ser detenido sin una orden judicial, y a la libertad de expresión del pensamiento. Pero aparte de que exigir su restitución cuando algún gobernante las suspende, es un planteamiento correcto y políticamente valido, también es de justificada reiteración explicar que se les exige porque dentro de un Estado de Derecho tiene que haberlas, y no porque ingenuamente se crea que si ellas están vigentes no hay abusos ni atropellos oficiales, pues la propia policía, funcionarios públicos y hasta algunos jueces, se han encargado a lo largo de años de no dejar ni asomo de duda acerca de cuán equivocada esa creencia…”

JOSÉ RAFAEL AVENDAÑO: “…La mayoría de los parlamentarios nacionales actuales se rasgan las vestiduras y, como letanías reminiscentes, rezan que: “El voto es lo único que tenemos para enfrentar a la dictadura”. De tal manera que –por ahora– estos partidos continúan dispuestos a participar en el sainete electorero. Manifiestamente fraudulento propiciado por Maduro y su combo. Las resultas del mismo la conocemos de antemano a escala nacional y mundial…”

PEDRO CONDE: “…Con motivo del cuestionable diálogo entre representantes, por un lado, del cascarón cómplice que llaman MUD y de la fallida administración dictatorial que preside a duras penas el Sr. Maduro, por el otro, se ha planteado reestructurar, para presuntamente obtener garantías electorales, la directiva del Consejo Nacional Electoral, cuyos integrantes serían independientes, ciudadanos sin carnet de partido alguno, pero, a lo mejor, con criterios sumisos a las decisiones de las organizaciones políticas, que, al formar parte de la Asamblea Nacional, supone negociación para un reparto equitativo que repercutiría, por lo además, en la organización interna del CNE.

Aunque lo deseable sería que los miembros de la directiva sean realmente independientes, no sujetos a tomar decisiones por presión del sistema político…”

JESÚS DURÁN: “…La Fuerza Armada Nacional, cuando observare claras violaciones constitucionales provenientes de su seno, como el hecho de que sus miembros responden a parcialidades políticas o a personajes políticos determinados, allí es fundamentalmente necesaria la presencia activa de la propia fuerza militar a los fines de rescatar la institucionalidad perdida. Es decir, entre otras razones, es obligación y deber de la Fuerza Armada Nacional restablecer, bajo las mencionadas premisas imperativas, la auténtica institucionalidad democrática en Venezuela….”

GUSTAVO ROOSEN: “…En los últimos años no solo no ha crecido la población escolar, sino que se ha reducido. Según estadísticas analizadas por Cerpe, 40% de la población matriculable no está en el sistema educativo. ¿Razones? Desde la insuficiencia de locales y la falta de maestros hasta las deprimentes condiciones sociales de crecientes sectores de la sociedad, expresadas en hambre en muchos casos o en la necesidad de incorporarse temprana y precariamente al mundo del trabajo…”

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

EL TERROR, POLÍTICA PÚBLICA DEL RÉGIMEN (EDITORIAL, EL NACIONAL)

El terror es el carácter profundo de los regímenes totalitarios. No es una práctica como cualquier otra, porque el terror se transforma en un modo de pensar, de planificar, de actuar y dominar a la sociedad. Por lo tanto, el terror es un proceso que tiene una propiedad sustantiva: es irreversible. Una vez que se pone en movimiento, no cesa de crecer, de ocuparlo todo. Lo que se inicia de forma puntual, adquiere la categoría de forma omnipresente. Se alcanza un punto en el cual nada queda fuera de la lógica del terror, ni siquiera sus mismos promotores. Puede afirmarse: gobernar, para las dictaduras se reduce a administrar el miedo.

El terror está asociado a la aspiración de los regímenes de mantenerse en el poder por tiempo ilimitado. Juan Vicente Gómez, en Venezuela; Augusto Pinochet, en Chile; Nicolae Ceausescu, en Rumania; Fidel Castro, en Cuba: la durabilidad de sus regímenes está en relación directa con las prácticas del terror.

En la escuela nos enseñan que el terror moderno se generó en el proceso de la Revolución francesa, a partir de septiembre de 1793. Se prolongó solo por unos meses, con un costo que todavía no ha podido ser determinado del todo. Hay quienes hablan de más de 30.000 asesinados. Otros historiadores han señalado que fueron más de 45.000. En aquellos tiempos de espanto se confiscaron propiedades, se eliminaron las universidades, las congregaciones religiosas y las academias. El terror, y esto es fundamental, actuó no solo en contra de los enemigos políticos, sino contra el conocimiento, en contra de la fe y en contra de todo aquello que no se sometiera a su implacable dictadura.

Fue en la Revolución rusa en la que Lenin y Stalin, de forma paulatina, convirtieron el terror en más que una política fundamental: el Estado mismo se convirtió en una fuente inagotable de prácticas de terror. Hambrunas, escasez de todos los bienes, persecución política, redes de delatores y espías, control de los medios de comunicación, campos de concentración, desapariciones, ejecuciones sumarias, enmarañamiento burocrático, despojamiento de los derechos de las personas, distorsión de la realidad, opacidad de la gestión, arbitrariedad, corrupción generalizada, ejercicio del poder de forma unilateral y sin control: un poder al que solo se puede obedecer y temer.

Ese modelo de terror propio de los comunistas se extendió y adoptó sus propias formas en la China de Mao Zedong y sus sucesores, en numerosos países de la Europa del Este, en la Albania de Enver Hoxha, en la Corea del Norte bajo el atroz yugo de la dinastía de los Kim. En la Unión Soviética y en el resto de los países el terror adquirió sus formas más consuetudinarias: el silencio, la desconfianza, la indiferencia, la desaparición de la solidaridad, el ejercicio de la delación a cambio de mendrugos.

No podía ser de otro modo: desde el momento en que el régimen de Chávez se anunció como protocomunista quedaron claras dos cosas: que su objetivo sería el de apropiarse del poder de forma indefinida, y que, para lograrlo, se convertiría en un Estado de terror.

A los historiadores corresponderá establecer una cronología exacta de cómo han ocurrido las cosas. Los primeros en ser perseguidos fueron los medios de comunicación, seguidos de las empresas. A los insultos siguieron medidas de expropiación y los ataques a los reporteros. Los estudiosos de la verborrea de Hugo Chávez lo señalan con precisión: no hay figura o institución democrática que no haya sido denostada o desfigurada por el verbo degradador. La gran paradoja es que el gran insultador, el cabecilla del terror, en realidad, no tenía autoridad moral ninguna, sino que era el jefe de una inmensa banda de ladrones que han acabado con las arcas públicas.

El terror implantado por Chávez y sus secuaces ha hecho uso de todos los recursos a disposición: ha creado grupos de paramilitares que asesinan de forma impune; ha cerrado medios de comunicación; ha practicado la asfixia de la economía; ha destruido el empleo; ha destruido la operatividad y el sentido de las instituciones públicas; ha obligado a los trabajadores del sector público, pero también de las contratistas, a actuar como suscriptores de la política gubernamental; ha militarizado el país hasta en sus lugares más remotos; ha entregado zonas enteras del país al control de grupos paramilitares y narcotraficantes –entre estos las FARC–. El resultado de todo ello es verificable: Venezuela es hoy un país donde el miedo tiene una presencia real y cotidiana en los asuntos públicos.

Chávez y Maduro no han escondido sus prácticas aterrorizantes. Las exhiben para propagar el miedo al poder. El injusto castigo de la jueza Afiuni, por ejemplo, no se limitaba a ella. Se la usó para enviar un mensaje al resto de los jueces del país: quien no aceptara las órdenes del Ejecutivo sería condenado, sin necesidad de haber cometido delito alguno, como ocurrió con ella. El asesinato, detención y tortura de quienes protestan, centenares de estudiantes entre ellos, tiene como una de sus finalidades primordiales que ello se erija en ejemplo disuasivo para el resto de los venezolanos. El escabroso asesinato de Oscar Pérez no solo fue dirigido en contra de su humanidad: es también una advertencia a los ciudadanos que pertenecen a las fuerzas armadas y a los cuerpos policiales, hartos de Maduro y su gobierno, y que, en silencio, esperan que muy pronto se produzca un cambio de régimen en el país.

Y NUNCA OLVIDARLAS (ILDEMARO TORRES, EL NACIONAL)

Sí, se las conoce como garantías y así se las denomina, siendo fundamental tener claras su definición y conciencia de la importancia de su vigencia. Las hay de distintos tipos, para diversos fines y en diferentes casos; siempre son más en el papel que en la práctica, y todas son y deben ser requeridas, en ejercicio del derecho a contar con ellas.

Cuando en casa un aparato se echa a perder, la pregunta es si está bajo garantía, y en la letra chiquita del contrato vemos qué poco es lo garantizado. Ante los riesgos de la calle, optamos por los estacionamientos, con la idea de que allí está seguro el carro, suposición que dura hasta leer en la tarjeta que no hay tal. Al recibir del mecánico el vehículo reparado, le pedimos una garantía, él pone un garabato y la fecha en la factura, y si una falla obliga a volver, él aclarará que la garantía era por lo resuelto, y que lo de ahora es “por otra causa”.

Son muchos los ejemplos que podrían ser mencionados aquí, y que ilustran hasta dónde conceptos como este de las garantías y el mismo verbo garantizar, han terminado por no tener el rigor y la seriedad con que alguna vez fueron concebidos entre nosotros. Persiste sí, y es comprensible que así sea en estos tiempos, la inclinación a pedir garantías; lo cual sucede a diario y en todo, desde quien quiere que le garanticen que ese licor que compró no es adulterado, hasta la garantía que con candor alguien demanda de no ser un pasatiempo sino un amor definitivo, de que no es una aventura lo propuesto sino un romance con acordes de marcha nupcial.

En lo político se hace justo punto de honor, del reclamo de la vigencia de las llamadas garantías constitucionales, referidas en especial a la inviolabilidad del hogar, al libre tránsito, al hecho de no poder ser detenido sin una orden judicial, y a la libertad de expresión del pensamiento. Pero aparte de que exigir su restitución cuando algún gobernante las suspende, es un planteamiento correcto y políticamente valido, también es de justificada reiteración explicar que se les exige porque dentro de un Estado de Derecho tiene que haberlas, y no porque ingenuamente se crea que si ellas están vigentes no hay abusos ni atropellos oficiales, pues la propia policía, funcionarios públicos y hasta algunos jueces, se han encargado a lo largo de años de no dejar ni asomo de duda acerca de cuán equivocada esa creencia.

Hay formas de garantías que se dan a otra escala y que igualmente demandan consideración, dentro de una evaluación totalizadora de los fenómenos; es, por ejemplo, lo que le sucede al país internacionalmente, en el sentido de que además de los dictados impositivos del Fondo Monetario Internacional, no siempre le son dadas o reconocidas las garantías que requiere de reciprocidad en los tratados comerciales, ni en la fijación de los precios o cuotas de sus productos de exportación, dentro de un típico estilo de conducta imperialista que ahora pasa sin denuncias, dado que parece tenerse por obsoleto y como algo que desluce por inelegante a quien lo haga, eso de denigrar del imperialismo, aunque haya razones para hacerlo.

Siento asimismo la necesidad, precisamente en las circunstancias actuales en las que la exigencia de garantías se apoya en una activa y efectiva movilización popular, de ver incluidas junto a las mencionadas y como fundamentales, aquellas que corresponden a derechos humanos que el Estado está en la obligación de satisfacerle a toda la población, como lo es entre otros la salud, que además de la atención médica contemple condiciones adecuadas de vivienda, alimentación y servicios básicos de higiene ambiental.

COMICIOS (JOSÉ RAFAEL AVENDAÑO TIMAURY, EL NACIONAL)

El bodrio voluminoso por fuera pero hueco por dentro –también ilegítimo e indigesto– conocido bajo el remoquete de la anc; anuncia que ordenó al CNE la organización y realización de elecciones para elegir al presidente de la república antes del 30 de abril. Para incrédulos y otros no tanto, el anodino aviso los sorprendió. Es la estratagema debidamente cimentada dentro de la estrategia gubernamental destinada a propiciar el continuismo a todo evento de la dictadura totalitaria.

El presidente de la AN declara que: “Las elecciones no se decretan, se convocan” (sic). El robusto del CNE afirma: “La convocatoria a elecciones es atribución exclusiva del CNE”… “El CNE no puede dar garantías para presidenciales en abril”. Ambos pertenecen a UNT. Para el primero el problema se reduce a un aspecto de carácter semántico. Apenas formal. Para el segundo, es la confesión paladina de su incapacidad manifiesta para desempeñar a cabalidad el cargo (1). Ambos obvian que el CNE –también el presidente de la república– se subordinó ante la constituyentica.

La premisa anterior nos lleva a aceptar que efectivamente la elección presidencial habrá de realizarse antes de la fecha indicada. Maduro dixit: “Si por mí fuera, la haría de inmediato”. Es decir, en un plazo no mayor de 61 días deberá producirse la votación. El proceso electoral se hará con las mismas autoridades establecidas en el ministerio de elecciones del gobierno. Con las actuales Salas Constitucional, Electoral y Penal del TSJ. Con la FGR y la DP, designados de manera írrita por la anc. Como “guinda de torta burrera”, con el mismo ministro de la Defensa.

Por el lado de la oposición organizada, luego de la digestión apresurada del anuncio, se observan algunas reacciones iniciales que tienen que ver con lo adjetivo; bajo ningún concepto con lo sustantivo. Veamos: AD validará su tarjeta electoral los días 27 y 28. PJ y VP  intentaron validar la de la MUD. Ya la “manita” milagrosa no se convierte en puño demoledor por obra y gracia de la Sala Electoral del TSJ.  UNT y el partido de Falcón no confrontan problema alguno puesto que conservan el preciado emblema. De igual modo, ya se han lanzado formalmente y de forma desaforada candidaturas presidenciales y otras se encuentran en espera de la oportunidad para hacerlas públicas. Los sempiternos olvidadizos obvian todos los precedentes aleccionadores. Así que los fabuladores de ocasión se quedarán, nuevamente, ¡con los crespos hechos!

Entre 1953 y 1958 solo existían cuatro partidos. Solamente dos (URD y Copei) aún seguían creyendo en el voto para enfrentar la dictadura. Del primero, pocos dirigentes permanecieron en prisión enfrentándose al despotismo (Luis Miquilena, Luis Hernández Solís, Manuel López Rivas, Tomás Carrillo Batalla, entre otros). El resto de la dirección nacional, convidados al MRI para la negociación política y el diálogo de rigor, fueron luego detenidos en la cínica celada y exiliados a Panamá en 1953. Copei, por su parte, se “retiró a los cuarteles de invierno”. La mayoría de sus dirigentes continuaron con sus actividades profesionales y académicas cotidianas. Con pocas excepciones también, líderes como Luis Herrera Campins, José Luis Zapata y Gonzalo García Bustillos, entre otros, persistieron en continuar la lucha orgánicamente y emigraron a posteriori al exilio.

La mayoría de los parlamentarios nacionales actuales se rasgan las vestiduras y, como letanías reminiscentes, rezan que: “El voto es lo único que tenemos para enfrentar a la dictadura”. De tal manera que –por ahora– estos partidos continúan dispuestos a participar en el sainete electorero. Manifiestamente fraudulento propiciado por Maduro y su combo. Las resultas del mismo la conocemos de antemano a escala nacional y mundial.

Una vez más esta terca dirigencia oposicionista –apoltronada, inútil e irresoluta– serán instrumento dócil (si continuamos permitiendo que se nos siga “nariceando”) para propiciar que se continúe estirando la arruga. El ritornelo será el mismo a partir de mayo. Entonces, de acuerdo con su cómoda dialéctica, Venezuela deberá continuar con este tipo de régimen hasta abril de 2024. Cuando, mediante primarias, la oposición escogerá nuevamente al sucesor de Maduro.

El recordatorio es propicio porque la semana pasada conmemoramos el sesenta aniversario de una grata y emblemática fecha. Evocadora –sin lugar a dudas– por la similitud de circunstancias entre lo vivido en aquella época y la crisis actual. Agravada sin precedente alguno. Dos docentes, de profesión historiadores, se han permitido señalar que: “Existe todo un mito relacionado a lo acontecido el 23 de Enero de 1958”. Cuando el rechoncho dictador “Tomó las de Villadiego”.

“Que no hubo tal insurrección popular”.  Todo fue producto del levantamiento militar derivado por obra y gracia del “Espíritu Santo”. Según ellos, los militares se reunieron en las cantinas de sus cuarteles y decidieron actuar: No era necesaria la permanencia del ministro del Interior y del jefe de la Seguridad Nacional. Ambos responsables –como su jefe– de toda la represión padecida. Incluyendo asesinatos, prisión, torturas y exilio. Lo demás debería continuar…

Es cierto que para 1957 la oposición clandestina estaba reducida a pequeños círculos de combatientes; quienes profesaban “fe de carbonarios”. Obvio que la represión había rendido sus nefastos frutos. Ya para el 3 de agosto de 1956 (con la caída del último CEN clandestino de AD y de su secretario general) se había reducido –más aún– la precariedad y la capacidad operativa clandestina. Para recuperar la mística y la moral partidista –en aquel año– se había implementado una acción en contra de Pedro Estrada. Encabezada material e intelectualmente por el secretario general clandestino de la AD de entonces, profesor Pedro Felipe Ledezma. La acción contó con el apoyo político y material del comando exterior dirigido por Rómulo Betancourt. Este facilitó la entrega de las armas y logística pertinente –por intermedio de su secretario privado, Carlos Andrés Pérez– desde Costa Rica. Con participación de JJ Alvarez (“la Vieja”) en Colombia e introducidas al país, desde allí, por Horacio Chacín Ducharne. Luego del fracaso de la operación, la razia no se hizo esperar y las muertes, cárceles y torturas continuaron sin pausa. En 1957 se reestructuró el disminuido comando clandestino de AD. Conjuntamente con el PCV, URD y Copei, se dio inicio –ese año– la implementación de la nueva estrategia política unitaria con la creación de la Junta Patriótica en la que participaron orgánicamente los cuatro partidos, con la finalidad de adecuar y hacer efectivas las tácticas pertinentes. Incluido el contacto con militares activos. El único representante sobreviviente, doctor Enrique Aristiguieta Gramcko; quien continúa con los mismos arrestos juveniles de entonces, puede dar testimonio fehaciente de los hechos por él conocidos.

En mayo de 1957 se produjo la Pastoral de monseñor Arias Blanco. La Junta Patriótica comenzó la producción de hojas y comunicados clandestinos. Hubo agitación en liceos y universidades. En la UCV se realizó una gran jornada masiva de protesta el 21 de noviembre (por ello se conmemora el Día del Estudiante) y la Seguridad Nacional la allanó –no con fusiles– sino con “blackjack”, apaleando y reprimiendo a discreción a los estudiantes revoltosos. De acuerdo con la interpretación académico-histórica aludida, se trató de simples hechos sobrevenidos; silvestres y espontáneos; casi anárquicos, sin pies ni cabezas.

Para el mes de octubre de 1957 el Comité Coordinador de AD en Costa Rica había elaborado una lista de personas exiliadas que debían reforzar la dirección clandestina encabezada por el profesor Simón Sáez Mérida. Entre los mismos se podrían citar a: Raúl Ramos Giménez, Luis Augusto Dubuc, Domingo Alberto Rangel, José González Navarro, José Manzo González, Héctor Vargas Acosta, Cesar Rondón Lovera, Jaime Lusinchi, Octavio Lepage, Hostos Poleo, JJ Alvarez, Guillermo Murillo. Ya en Venezuela se encontraban algunos que habían ingresado por vía legal, como Manuel Alfredo Rodríguez, Silvestre Ortiz Bucarán (quien representó a AD en la Junta Patriótica) y Guillermo Murillo. A quienes deberían ingresar en 1958, los sorprendió el alzamiento militar del 1° de enero y la posterior caída de la dictadura. El PCV continuaba su proceder clandestino dirigido por Pompeyo Márquez.

“Virtuosamente” se señala ahora –sesenta años después y de manera acartonada– que solamente en la UCAB se produjeron manifestaciones públicas, muy esporádicas por lo demás y sin coordinación alguna. Que en la actualidad, milagrosamente, también sería probable como en aquella ocasión una simple y espontánea reacción de carácter militar. Anodina, pueril y sin coordinación de ningún tipo. Todo como resultado de un escueto experimento urdido –de ninguna manera producido por ósmosis– en reducidas, exclusivas y predestinadas mentes lúcidas inmersas en un aséptico laboratorio social.

Nota:

 1.- Según información suministrada en los “Runrunes” del periodista Nelson Bocaranda; uno de los muertos oficialistas durante la masacre realizada en El Junquito poseía doble condición: ser  supervisor jefe del grupo de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana, por una parte, y, por la otra, jefe de uno de los “colectivos” paramilitares que actúan con absoluta impunidad en la parroquia 23 de Enero. Poseía doble identidad amparada por dos cédulas que así lo acreditaban. Estas le permitían ejercer doblemente el voto. Prevalido por el vil Registro Electoral del CNE. La responsabilidad de las trapacerías que allí se continúan practicando es derivada por la incompetencia para desmontarlas y neutralizarlas debidamente. Corresponden colectivamente a su directiva actual. Incluyendo al anterior y al actual representante opositor. Es por ello que las cuatro arpías que allí mangonean, “se despachan y se dan el vuelto”…

EDUCACIÓN PARA QUÉ (GUSTAVO ROOSEN, EL NACIONAL)

El reciente anuncio de Nicolás Maduro de aprobar el inicio de la discusión del contrato colectivo unificado para el magisterio venezolano fue también la ocasión para pedir a los educadores incorporarse a la generación de propuestas en materia educativa para el Plan de la Patria 2019-2025. Aludiendo quizá a una de las metas del milenio –la de lograr la enseñanza primaria universal– asumida por las Naciones Unidas en el año 2000 con plazo para 2015, Maduro subrayó ahora la de lograr el 100% de niños integrados al sistema escolar. Los datos actuales muestran, sin embargo, una brecha muy grande. En los últimos años no solo no ha crecido la población escolar, sino que se ha reducido. Según estadísticas analizadas por Cerpe, 40% de la población matriculable no está en el sistema educativo. ¿Razones? Desde la insuficiencia de locales y la falta de maestros hasta las deprimentes condiciones sociales de crecientes sectores de la sociedad, expresadas en hambre en muchos casos o en la necesidad de incorporarse temprana y precariamente al mundo del trabajo.

Más allá de esta discusión sobre el cumplimiento de las metas cuantitativas es bueno detenerse en el anuncio presidencial de “nuevos paradigmas” para la educación. Su propuesta de “convertir las comunidades educativas en un gran centro de construcción de la nueva sociedad” se resume en un nuevo eslogan: “Una nueva escuela para tener una nueva sociedad”. En un gobierno como el actual un anuncio de este tipo no es, desde luego, prometedor. La educación, en todos los esquemas marcados por el populismo y el estatismo, lejos de ser un camino para el desarrollo de las personas se convierte en instrumento de sometimiento y dominación. Es una de las consecuencias de una visión paternalista de un Estado que estimula más la cultura del recibir que la del producir, la de la dependencia que la de la autosuperación, la del conformismo que la del cambio y el crecimiento.

La gran pregunta para la sociedad, no cabe duda, es educar para qué. ¿Para someter a la sociedad a la cultura de la dependencia, estimular la mendicidad, mantener y activar la presión con mecanismos como el carnet de la patria o las CLAP, recurrir sistemáticamente al engaño de aumentos salariales generadores de inflación, comprar fidelidad con sometimiento? O, al contrario, para el ejercicio de la libertad y de la ciudadanía, para el desarrollo personal, la organización, la iniciativa, el esfuerzo, la posibilidad de valerse por sí mismos y de prosperar.

Cuando la comunidad internacional ve con preocupación el caso Venezuela, se inquieta vivamente por lo que representa como caos económico, pero le preocupa aún más lo que significa como deterioro social, degradación de una cultura y de la democracia. Les preocupa un modelo que pretende enmascararse en una supuesta voluntad popular expresada en los votos para mantener indefinidamente un sistema de control político, económico y social. Para la comunidad internacional está claro que “normalmente quienes aseguran que solo se puede conseguir más seguridad a costa de la libertad están intentando negarnos ambas cosas” como escribe Timothy Snyder, titular de la cátedra Housum de Historia en la Universidad de Yale (Sobre la tiranía).

El dilema de una educación para la libertad o para la dependencia debe ocupar lugar prioritario en la atención del liderazgo nacional. Nunca será suficiente insistir sobre el valor determinante de la educación para el sostenimiento de una cultura que valore el bienestar, la armonía social, el progreso, la dignidad, el desarrollo personal y colectivo. No hacerlo dejaría espacio para una franca degradación de esa cultura y la penetración de un modo de ser alimentador de la dependencia, la inacción y la corrupción.

La preocupación mundial no es gratuita ni es inútil, pero es al mejor liderazgo nacional al que corresponde dar respuesta al dilema. No hay tiempo para el silencio ni para el conformismo. A todos está bien recordar lo que dice el profesor Snyder: “Sin los conformistas las grandes atrocidades habrían sido imposibles”.

SUFRAGIOS, FRAUDE Y COMUNIDAD INTERNACIONAL (PEDRO CONDE, EL NACIONAL)

Con motivo del cuestionable diálogo entre representantes, por un lado, del cascarón cómplice que llaman MUD y de la fallida administración dictatorial que preside a duras penas el Sr. Maduro, por el otro, se ha planteado reestructurar, para presuntamente obtener garantías electorales, la directiva del Consejo Nacional Electoral, cuyos integrantes serían independientes, ciudadanos sin carnet de partido alguno, pero, a lo mejor, con criterios sumisos a las decisiones de las organizaciones políticas, que, al formar parte de la Asamblea Nacional, supone negociación para un reparto equitativo que repercutiría, por lo además, en la organización interna del CNE.

Aunque lo deseable sería que los miembros de la directiva sean realmente independientes, no sujetos a tomar decisiones por presión del sistema político, sino en función de criterios transparentes, producto del análisis electoral imparcial y justo de los procesos, hechos y resultados electorales, esto es, no contaminar el sufragio con innumerables triquiñuelas para coaccionar al votante, manipular estadísticas y alterar la voluntad del elector, como ha sido el caso cuando ya estropeada la susodicha voluntad se anuncian con pretendida infalibilidad cifras debatibles.

De la realidad política afluyen diferentes indicadores que muestran la imposibilidad de realizar elecciones pulcras en las actuales condiciones políticas, sobre todo, lo que emana de la conducta y lenguaje de los prohombres del chavismo, es decir: ¿cómo puede creerse que un régimen ejecutor de la masacre de El Junquito pueda llevar a cabo elecciones limpias? ¿Cómo puede creerse que muchos de los detentores del poder, compartido con Cuba, enriquecidos con más de 400.000 millones de dólares robados según diferentes modalidades pueda pensar en cambio de gobierno electoralmente? ¿Cómo puede creerse que entregará el mando una cúpula que no comparte la idea de la alternabilidad? ¿Cómo puede creerse que con el viciado registro electoral y la permanencia de presos políticos puede haber conciencia para preparar elecciones confiables técnicamente? ¿Cómo puede creerse en elecciones libres con la mortandad de niños y ancianos por carencia de medicinas, alimentación, atención médica? ¿Cómo puede creerse que un gobierno, cuya gestión se caracteriza por la mentira, desinformación, pueda conducir honestamente un proceso electoral donde está en juego el poder? ¿Cómo puede creerse que los comunistas, socialistas, compartan la alternabilidad en el poder? Y así podríamos seguir formulando preguntas, cuyas respuestas soslayan las versiones oficiales de la crisis en la vida política-económica venezolana.

Con las respuestas acertadas a las preguntas anteriores se atisba que en dictadura es imposible organizar elecciones transparentes, como lo arroja la historia patria y latinoamericana. Por eso, si en Miraflores pensaran democráticamente buscarían cómo organizar elecciones limpias y confiables tanto interna como internacionalmente. Si Maduro piensa que ganaría en cualquier circunstancia, entonces por qué no invitar a las Naciones Unidas, o a la Unión Europea, o ambas, para que en lugar de ser simples observadores o “acompañantes” sean los que desde el CNE sistematicen elecciones libres, impidan la coerción de empleados públicos, desarticulen los mecanismos monstruosos del ventajismo oficial y la descarada utilización electoral de fondos y bienes públicos.

A más, podría establecerse un proceso de negociación para eliminar las sanciones impuestas a funcionarios al par que el régimen acuerda con Naciones Unidas, la Unión Europea, o amabas, la toma de control del CNE para instituir elecciones democráticas y confiables, mejor dicho, si Maduro y sus acólitos deciden que la superación de la crisis comienza por consultar la soberanía popular de manera impoluta, entonces conviene efectuar dicha consulta con la participación activa de aquellas organizaciones. El gobierno y el CNE en particular perdieron credibilidad.

La dirigencia oficialista parece muy cegada por la permanencia en el poder, que no permite visualizar inteligentemente el amplio panorama político que podría desarrollarse; si el PSUV pierde las elecciones presidenciales, por ejemplo, pasa a la oposición con fortaleza, puesto que tiene una maquinaria política bien organizada y “aceitada” financieramente, dominan las gobernaciones y alcaldías; sería una oposición implacable, máxime cuando quien ganaría pretende implantar un programa de corte ultraliberal que comenzaría por cercenar las conquistas sociales y endeudar más al país, al tiempo que establecen, en medio de la desconfianza generalizada, un tipo de cambio único que acabaría con las escuálidas reservas internacionales y con divisas provenientes de deudas; en otras palabras, se incrementaría la intranquilidad social y en consecuencia la estabilidad política, habría ingobernabilidad intolerable y peligrosa, todo lo cual haría surgir condiciones políticas para el regreso a la primera magistratura.

Si los dirigentes del PSUV meditan este escenario estarían prestando un gran servicio al país al auspiciar el juego político democrático, la alternabilidad, el cambio de modelo si lo decide pulcramente el soberano. ¿Por qué insistir en imponer un modelo socialista a la fuerza, ya que lo rechaza más de 80% de la población? ¿Creen ustedes que la opresión con la fuerza no invitará al uso de esta para liberarnos? ¿Por qué no solicitar esta otra ayuda de ONU, Unión Europea, o ambas, para tratar de garantizar que las elecciones no sean objeto de maniobras fraudulentas?

Si Maduro busca reelegirse en condiciones antidemocráticas con elecciones adelantadas, estaría generando más rechazo nacional e internacional, se profundizaría la ruina de Venezuela a causa del régimen dictatorial comunista, apoyado por el doble lenguaje de MUD y sus capitostes, quienes alegan ilegalidad de la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas al par que inscriben candidatos, esto es, acompañan a Maduro, le proporcionan maquillaje democrático con candidaturas presuntamente de oposición, financiadas en parte por el gobierno, generándose por evidente contradicción un escándalo en la comunidad internacional que rechaza elecciones anticipadas y MUD las acepta. La tarea política primordial es trazar y ejecutar una estrategia para el cambio hacia las libertades y el bienestar, del sistema político opresor, que respira por la oxigenación que le suministra la MUD, la injerencia cubana, y el gasto parasitario de los ingresos petroleros.

CARTA ABIERTA A LA FAN EN REPRESENTACIÓN DEL PUEBLO VENEZOLANO (JESÚS DURÁN ZORRILLA, EL NACIONAL)

“Compatriotas: Yo no he venido a oprimiros con mis armas vencedoras; he venido a traeros el imperio de las leyes; he venido con el designio de conservar vuestros sagrados derechos”

Simón Bolívar. Asamblea popular reunida en el Convento de San Francisco el 2 de enero de 1814

El estudio y la enumeración de los artículos constitucionales, principalmente el 328 (“La Fuerza Armada Nacional (…) en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política…”); en cuanto al artículo 333 (“Esta Constitución no perderá vigencia (…) todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”); y el artículo 350 (“El pueblo venezolano (…) desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.”) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solo es posible verificarlos en forma global en atención a los principios de democracia y participación que contiene nuestra carta magna como elementos básicos y esenciales. La aplicación del “restablecimiento de la institucionalidad perdida” tiene consecuencias importantes según la institucionalidad consagrada en la doctrina jurídica, principalmente la Constitución que rige el sistema imperante.

Cuando se habla de participación política, no solamente es entendida como aquella que pueden tener los ciudadanos en reiterados procesos electorales o en la simple participación en los cuadros de la administración del Estado. El espíritu y propósito de la participación prevista en la Constitución Nacional es aquella destinada a que las instituciones y el pueblo, debidamente organizado, participe activamente en el sostenimiento del sistema democrático o en el restablecimiento de la institucionalidad perdida que ha sido afectada gravemente por las instancias del propio poder público.

A estos fines es conveniente plantear, como premisa fundamental, que el único y exclusivo supuesto por medio del cual no se justificaría una acción o varias acciones para lograr el restablecimiento sería si el gobierno actuase en atención a los parámetros constitucionales o elementos esenciales que la Carta Democrática Interamericana impone como modelo en su artículo 3 (“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”). En otras palabras, se realiza el restablecimiento de la institucionalidad democrática solo en el caso de tratarse de un gobierno violatorio de los derechos humanos, irrespetuoso de la separación de poderes, del principio de la legalidad, de la autonomía de los jueces, de la autonomía del Poder Electoral, de la libertad de expresión y de la libertad que tienen los ciudadanos de un país al voto secreto, entre otros males.

El problema constitucional y legal se plantea cuando el gobierno que administra a un país determinado incumple abiertamente con los elementos esenciales que determina de forma enunciativa el mencionado artículo 3 de la CDI, más aun y de allí la gravedad del asunto, cuando el gobierno no solo incumple con dichos parámetros, sino que en su gestión diaria demuestra y desarrolla posiciones y actitudes en ausencia absoluta de cultura democrática, que permanentemente genera un sistema constante de carencia de legitimidad de ejercicio, aun cuando dicho gobierno hubiese sido originario electoralmente. Esta posición se encuentra evidente si se analiza con objetividad y detenimiento lo enunciado en los artículos 328, 333 y 350 de la Constitución.

En efecto, el artículo 328 refiere concretamente a la misión de la Fuerza Armada Nacional, lo que conlleva a pensar que la misma está no solo para defender y garantizar la independencia y soberanía de la nación, sino de igual forma defender el sistema democrático cuando ha sido corrompido.

La Fuerza Armada Nacional, cuando observare claras violaciones constitucionales provenientes de su seno, como el hecho de que sus miembros responden a parcialidades políticas o a personajes políticos determinados, allí es fundamentalmente necesaria la presencia activa de la propia fuerza militar a los fines de rescatar la institucionalidad perdida. Es decir, entre otras razones, es obligación y deber de la Fuerza Armada Nacional restablecer, bajo las mencionadas premisas imperativas, la auténtica institucionalidad democrática en Venezuela.